GIU dice NO al CETA

El Acuerdo Económico y de LIBRE Comercio que la Unión Europea ha cerrado con Canadá, y cuya aprobación definitiva por el Parlamento Europeo se pretende para los próximos días, es motivo de gran preocupación para la Asociación de GANADEROS IBÉRICOS UNIDOS.

El CETA establece un “Tribunal de Inversiones”, un mecanismo arbitraje especial y exclusivo para que los inversores extranjeros establecidos en Canadá puedan demandar a los Estados de la Unión sin pasar por los tribunales ordinarios de cada país, de modo que las grandes corporaciones podrán reclamar compensaciones millonarias alegando que determinadas nacionales, guiadas por razones sociales, de prestación de servicios públicos, medioambientales, de seguridad alimentaria o de protección de los consumidores, perjudican sus intereses y estorban sus previsiones de ganancias.

A juicio de nuestra Asociación, este injusto y excluyente “Tribunal de Inversiones” no es sino la conformación de una invitación, desesperada y desigual, a los inversores para atraer sus negocios casi a cualquier precio, concediéndoles la posibilidad de eludir las leyes europeas y estatales que les disgusten, bien reclamando una compensación, o bien presionando a los Estados miembros para que las referidas regulaciones de tipo social, laboral, medioambiental o sanitario, no les afecten.

Sin embargo, y en claro contraste con los derechos desmesurados concedidos a las grandes corporaciones, las provisiones del CETA para la protección de los derechos laborales y de desarrollo sostenible de los europeos no se han reforzado con sanciones para el caso de su contravención, quedando en declaraciones huecas sin fuerza de obligar, en grave perjuicio para los ciudadanos de la Unión.

A ambos lados del Atlántico, el CETA expondrá a los agricultores a tales presiones competitivas que en poco tiempo laminarán su modo de vida, puesto que obstruirá las políticas de promoción de compras locales de alimento y trastocará los sistemas de producción y procesamiento de alimentos, haciendo imposible el desarrollo de una agricultura sostenible.

El CETA no garantiza la pervivencia del actual modelo agrícola europeo, cuya existencia ignora, y en su negociación, la Comisión no ha recabado la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural.
Por ello, hacemos nuestras las afirmaciones de Tom Kycharz cuando asegura que “El CETA busca una restricción deliberada de la soberanía democrática y del margen de maniobra política de gobiernos y parlamentos”, y reclamamos a los miembros del Parlamento Europeo para que el próximo miércoles voten desfavorablemente el Proyecto de Resolución Legislativa sobre el proyecto de Decisión del Consejo, relativa a la celebración del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre Canadá y la Unión Europea.

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